Desafortunadamente, a pesar de estos avances, actualmente poderosos intereses políticos de Chiapas y Oaxaca están provocando nuevos brotes de violencia, a raíz de los conflictos agrarios no resueltos y de sus aspiraciones para aprovechar oportunidades que esperan surgirán con un nuevo “mega-proyecto” trans-ístmico, promovido por grupos comprometidos con la estrategia de integración internacional. La decisión unilateral del vecino gobierno de Chiapas para cambiar los límites estatales⁸ refleja no solo una simple lucha por la tierra sino por el modelo de desarrollo de la región en su totalidad. En Oaxaca, también, los cambios políticos agudizaron las tensiones: después de 1993, se desconoció la decisión de las autoridades estatales anteriores de permitir que avanzaran y maduraran los procesos locales de gobierno, respaldando los programas internacionales que promovían la gestión sustentable local junto con las instituciones y culturas indígenas; una guerra continua y no declarada contra las comunidades fue intensificando y además acompañada de una abierta campaña de ataques a Maderas del Pueblo que incluyó vanos intentos de suspender los apoyos recibidos de sus patrocinadores. Esta oposición fue motivada por una preocupación oficial justificada de que la participación de las bases y el control comunitario de los valiosos recursos naturales, excluiría a los más poderosos grupos industriales de la explotación los recursos naturales de la región.

Asimismo, algunos grupos económicos poderosos del estado de Chiapas continúan promoviendo un modelo centralizado de cambio económico, fincado en un reordenamiento de los recursos naturales para exportar maderas finas, ganado y frutas y verduras de riego. La profunda divergencia en cuanto a los principios que rigen en los mercados y el papel de las comunidades en su propia gestión y gobierno ha ocasionado enfrentamientos particularmente violentos en los años recientes en los Chimalapas, que se reflejan de manera parecida en las negociaciones relacionadas con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Como se verá, estas características estructurales tomaron un camino trágico a mediados de 1998 cuando los incendios forestales aceleraron aún mas la deforestación en la región.

Los bosques mexicanos y la temporada de incendios en 1998: una perspectiva nacional

Dos tercios del territorio mexicano son o deberían ser boscosos, con una amplia variedad de especies, dependiendo del ecosistema. Como resultado, México ocupa el onceavo lugar en volumen de recursos boscosos entre las naciones del mundo, y cuarto lugar, después de Indonesia, Colombia, y Brasil en cuanto a la biodiversidad de flora y fauna. Refiriéndose específicamente a las variedades de pino y encino, México ocupa el primer lugar.

Esta enorme riqueza fue seriamente dañada durante décadas de excesiva explotación, como resultado de las inadecuadas políticas de administración y desarrollo. Las políticas económicas discriminatorias afectaron a la población rural en general, y a los grupos indígenas en particular, forzándolos a menudo a migrar hacia los más inhóspitos y frágiles ecosistemas del país, involucrándose en prácticas productivas y de manejo depredadores que contribuyeron a la destrucción ambiental. Por otro lado, las políticas agrarias promovieron un control monopólico de compañías madereras sobre vastas regiones de bosques; las estrategias comerciales crearon mercados protegidos para los productos maderables; sin embargo, los mas recientes cambios eliminaron estas restricciones, intensificando la explotación de la madera del país y favoreciendo la expansión de los ranchos ganaderos, especialmente en las selvas tropicales del sureste Mexicano, produciendo un peculiar patrón de deforestación que se volvió muy conocido en todo el mundo: el dramático contraste en las fotografías de satélite del bosque en la frontera que separa a México de Guatemala ofrece un desolador testimonio del carácter rapaz de la administración de los bosques en México. Aunque esta destrucción evolucionó rápidamente, las selvas tropicales mexicanos han sufrido aún mas, declinando de unos 20 millones de hectáreas a tan solo 2 millones durante el siglo XX.

Los incendios forestales son una persistente y destructiva fuerza causante del deterioro de los ecosistemas naturales. Debido a la inusual combinación de condiciones climáticas y meteorológicas antes y después del invierno de 1997-1998, atribuidos a “El Niño”, estos incendios tuvieron un particularmente fuerte impacto en los bosques y selvas mexicanas.⁹ Sus efectos fueron claros, aún para el ciudadano común, e inexplicablemente subestimado por varios grupos dentro de los gobiernos federales y estatales, incluyendo, mas sorprendentemente a las mismas autoridades ambientales (SEMARNAP).

Las declaraciones de SEMARNAP trataron de mediatizar la gravedad de los daños a los bosques causados por los incendios. Intentaron minimizar su propia responsabilidad en el problema y su eventual solución, destacando que en México fueron menos significativos que en otros países, incluyendo a los Estados Unidos. Este intento sin duda, estaba condicionado por los políticos del más alto nivel federal, quienes asignaron bajas prioridades a los programas de manejo ambiental conforme se intensificaban las presiones económicas; la prevención y combate a los incendios, nunca una alta prioridad, fueron específicamente señalados en estos recortes presupuestales y remplazados con piadosas declaraciones de preocupación. A inicios de la primavera, estos mismos políticos reconocieron la gravedad de la situación, pero actuaron con lentitud para solicitar asistencia externa, y solo hasta después de que 17 campesinos murieron apagando fuegos en el estado de Puebla y de que los daños comenzaron a causar serios problemas mas allá de las fronteras del país. Sorpresivamente, una vez que lo peor había pasado, las cifras preliminares dadas a conocer por la SEMARNAP, como veremos, subestimaron significativamente la gravedad de la experiencia. Después del establecimiento de las lluvias en julio, se dieron a conocer que había habido 14,210 incendios desde el inicio del año hasta mediados de julio, afectándose 583,000 hectáreas, de las cuales solo el 27% (150,000 has.) comprendían bosques maduros.¹⁰ La misma fuente oficial declaró que los daños en Oaxaca habían sido de 47,500 has. y otras 129,000 en Chiapas, cerca de un 30% del total de 1998.

El Consejo Técnico Consultivo Nacional Forestal (CONAF), un grupo promovido por el gobierno federal, que incluye a representantes de todos los sectores, al parecer no tuvo más alternativa que aceptar las cifras oficiales, señalando la gravedad de la situación: el número de incendios fue el doble de la media de incendios en el periodo 1992-1997 y 35% por encima de la cifra histórica mas alta en 1988; el área afectada era 3 veces el tamaño del promedio del mismo periodo. Las declaraciones de prensa también minimizaron la relativa importancia de esta información: “sin subestimar el daño”, el área quemada fue solo 0.41% del total de áreas de bosque del país.¹¹ Como se sugiere abajo, estas cifras fueron increíblemente bajas.

En el periodo más álgido de los incendios forestales de 1998, las declaraciones de los mas altos niveles de gobierno fueron explícitas al señalar a los supuestos culpables de ésta tragedia. Los políticos identificaron como responsables a los pobladores rurales mas pobre, quienes practican la agricultura de roza-tumba y quema en las selvas del sureste y a las comunidades campesinas en otras partes del país quienes regularmente usan el fuego como una herramienta agrícola para limpiar sus terrenos de malezas antes de la nueva temporada de cultivos.¹² Nunca se reconoció la diferencia entre los campesinos con parcelas de subsistencia y los ganaderos quienes usan la misma técnica de roza y quema pero en escalas significativamente diferentes; mientras que los primeros abren pequeñas áreas para su propio uso, los segundos limpian grandes extensiones para extender sus potreros e incrementar el tamaño de sus hatos. En consecuencia, los campesinos pobres se transformaron en víctimas y se convirtieron en el blanco de una intensa campaña publicitaria intentando poner a la opinión publica en contra de los agricultores tradicionales. No se discutieron las razones por las cuales los campesinos optaron por éstas prácticas; tampoco se inició una búsqueda seria de alternativas, a la política que trataba de disuadir a los campesinos en zonas de la agricultura de temporal para que dejen de sembrar sus granos tradicionales, sin otorgarles los recursos financieros, ni los insumos requeridos, o la asistencia técnica que seria necesaria para que estos cultivaran otros productos.¹³ Tan solo dos meses mas tarde a los incendios, las autoridades de agricultura "descubrieron" una inminente crisis alimentaria, ya que el país de nuevo se verá obligado a importar mas de la mitad de sus necesidades de alimentos básicos.

La experiencia durante los incendios de 1998, sugiere que las estimaciones cuantitativas de las áreas dañadas son equivocadas. El dato de 47,500 has. para Oaxaca es absolutamente increíble. Sólo en la región de Chimalapas, por ejemplo, Maderas estimó que 210,000 has. habían sido afectadas. Sus miembros participaron activamente en el combate a los incendios durante toda la temporada; realizaron estas labores, tanto de manera directa como en colaboración con el ejército mexicano y con expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos, quienes fueron traídos al país para asistir en los esfuerzos de combate a los incendios. Desde el término de las conflagraciones, Maderas ha trabajado junto con la World Wildlife Fund (WWF), la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca (SERBO), miembros de las comunidades locales, responsables de las brigadas de incendios, y funcionarios de la SEMARNAP; usando un sistema de información geográfica (SIG) desarrollado en los últimos años para programar el manejo de los recursos naturales y las inversiones, los polígonos definieron las áreas dañadas en la propuesta reserva; este trabajo reveló que ¡Los Chimalapas experimentó un daño cerca de 5 veces mayor que el área reportada para todo el estado!¹⁴

Esta discrepancia substancial entre los reportes oficiales y la realidad, es tan problemática como mistificante. No podemos encontrar una explicación sensata a estas estimaciones minimizadas y pareciera evidente que en la totalidad del país fueron afectadas mas de un millón de hectáreas, con una significante proporción afectada por daños serios como resultado de los fuegos subterráneos y los que se propagan en la copa de los árboles en lugar del piso, dado que éstos son los dos tipos de fuego mas peligrosos y mas dañinos.

Hacia un mejor entendimiento de los incendios en los bosques

¿Por qué los incendios forestales en México, se están volviendo cada vez mas dañinos y mas difíciles de controlar? ¿Son las prácticas de cultivo de los campesinos mas pobres del país la verdadera causa del problema? ¿Las políticas para prevenir los incendios debieran asignar una primordial importancia a culpar a los campesinos de pequeña escala? Estas preguntas son fundamentales para entender el papel de los incendios en la dinámica de la deforestación en México. Antes de continuar con nuestro análisis detallado de la experiencia en los Chimalapas, vale la pena explorar estas cuestiones a nivel nacional.

El frívolo diagnóstico de los incendios forestales ofrecido por el sector público, es tan peligroso como desorientador. El identificar a esta manifestación de empobrecimiento como la causa raíz de los incendios, sólo puede servir para desorientar las políticas públicas. No será posible extirpar el problema con la prohibición de la agricultura de roza-tumba y quema o de las quemas para limpiar los terrenos. Independientemente de que estas medidas puedan ser deseables, si pudieran ser consideradas obligatorias, su promulgación solo incrementaría el sesgo de las políticas públicas contra los mas pobres. En términos prácticos, también, es importante evaluar la acusación de que esta gente es culpable de causar los incendios: Normalmente, el campesino de pequeña escala, quien limpia una hectárea o dos de vegetación secundaria, procura controlar su incendio, porque las consecuencias de que se extienda fuera de control son desastrosas para el mismo campesino (por ej.: el secado de las corrientes subterráneas con una reducción en el flujo de agua, menos vida silvestre dada la menor cobertura, escasez de leña); las familias mas pobres son las mas directa y seriamente afectadas cuando estos incendios salen de su control. Durante décadas, si no es que más, estos campesinos han sido muy responsables en el manejo de los fuegos de tal forma que los hacen autolimitantes. En pocos casos, la resequedad de la maleza cambió las condiciones de manera dramática, como podría haber sido el caso en 1998, exponiendo los bosques a impredecibles peligros para los cuales los campesinos no estaban preparados.

8 El gobierno del Estado de Chiapas promulgó cambios en sus límites geográficos mediante una emienda de su Constitución en 1995, cambios que no fueron consultado con el vecino estado de Oaxaca, que sería el perdedor de aceptarse a nivel nacional.
9 Entre los problemas más importantes aumentando la vulnerabilidad fueron: las lluvias abundantes de 1997 intensificaron la acumulación de biomasa; las heladas del invierno de 1998 ocasionaron una desicación de la vegetación; los fuertes y persistentes vientos de febrero y marzo, a veces con la fuerza de un huracán, pero sin humedad; las lluvias tempranas resultaron la mitad del promedio normal, y en el norte del país simplemente no llovió; El Niño causó muchos problemas graves, conduciendo a altas temperaturas y una de las sequías más agudas del siglo; y, en 1998, temperaturas altas récord en cada región del país durante la época de estiaje. SEMARNAP (1998).
10 Cf. http://www.semarnap.gob.mx/naturaleza/emergencias/incendios/in-cifras.htm 28 de julio de 1998. Comparando, diez años antes, las cifras de los incendios forestales eran similares a los reportado para 1998. En 1988, se reportaron afectadas 518,000 has sin alguna desgracia humana. Eso es, 65,000 has menos que en 1998 cuando se mataron mas de 70 personas durante las batallas para controlar los incendios. Considerando esta información los datos de 1998 no parecen creíbles.
11 Declaración final del CONAF, 30 de julio de 1998, difundido en el internet por miembros ONG del Consejo.
12 En su explicación de las causas de los incendios de 1998, la Secretaría publicó la siguiente lista: 54% fueron resultado de actividades agrícolas y ganaderas, 16% a cambios deliberados en el use del suelo (i.e. incendiando alguna superficie para el cultivo o los pastizales) 10% por fumadores, 9% por fogatas, 2% por actividades forestales y la apertura de derechos de vía, con 7% atribuibles a otras causas (sembradíos ilegales, ferrocarriles, torres de transmisión eléctrica, etc.) SEMARNAP (1998).
13 Las políticas a que se refieren son, entre otros: precios mínimos de garantía para los productos básicos que no cubren los costos reales de producción, restricciones sobre el acceso al crédito que evitaron que los de productos de pequeña escala cambiaran de área de sembradío o aumentaron su productividad, y políticas de comercio exterior que determinó la importación masiva de alimentos baratos y de baja calidad para ir reduciendo el costo del programa de subsidio a las tortillas. Sin recursos para mejorar su producción, muchos agricultores de subsistencia se ven obligados a continuar sus prácticas tradicionales de roza-tumba-quema, sembrando las nuevas parcelas en medio del bosque a medida que volvieron improductivos sus viejas parcelas.
14 El equipo de Maderas participó en el grupo de trabajo encargado de evaluar la situación en la Selva Zoque, que incluye Los Chimalapas, El Ocote, Chiapas y Uxpanapa, Veracruz. En su primera reunión, los funcionarios de la SEMARNAP presentaron su estimación de 600 has dañadas en Uxpanapa, cifra que se incluyó posteriormente en el informe nacional. Para los que estaban en las actividades de combate de los incendios o quienes habían viajado por la zona, la estimación del daño fue mucho mayor; usando la base de datos del SIG, Maderas estima que por lo menos 10,000 has. fueron afectadas. En este caso, la propia Secretaría devolvió el reporte a la oficina local para su revaloración.