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2.2 LA LUCHA POR LA TIERRA EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC
DURANTE EL PERIODO NOVOHISPANO
Nimcy Arellanes Cancino
Instituto Tecnológico de Oaxaca 1
Introducción
La lucha por la tierra ha formado parte de la historia
de México desde la época novohispana. Hoy en día, muchos pueblos
siguen conservando en su memoria escrita conflictos por tierras,
problemas legales de hace cientos de años continúan siendo un testimonio
actual para legitimar su uso y propiedad, por lo que se conservan
dichos documentos.
En los archivos existe numeroso material referente
a conflictos por la tierra; en la mayoría de ellos los protagonistas
son las comunidades, los propietarios particulares o alguna orden
religiosa, los cuales exponen ante la Real Audiencia de la ciudad
de México y el Rey de España los motivos que los hacían ser propietarios
o usufructuarios de la tierra. Esta conferencia -resultado de mi
trabajo de tesis- tratará uno de tantos conflictos legales que
acontecieron en el Obispado de Antequera hacia finales del siglo
XVIII y comienzos del XIX, entre la población de mulatos e indios
de tres pueblos localizados en el Istmo de Tehuantepec: Niltepec,
Zanatepec y Tapanatepec contra el Convento de Santo Domingo de la
ciudad de Oaxaca.
El pleito legal comenzó en agosto de 1783. En la
villa de Tehuantepec o Guadalcazar se encontraba uno de los Oidores
de la Real Audiencia de la ciudad de México, quien había regresado
de un viaje a la Audiencia del Reino Guatemala. La mañana en que
el alcalde descansó en Guadalcazar, para después seguir su camino
hacia la ciudad de Antequera, fueron a buscarlo los principales
de Zanatepec, Tapanatepec y Niltepec para darle a conocer una denuncia
por el uso y propiedad de tierras contra los padres dominicos de
la Provincia de San Hipólito Mártir de la ciudad de Oaxaca. En 1800
se reabrió dicho conflicto por tierras que había concluido en 1785,
que tenía sus raíces en los comienzos del siglo XVII, cuando se
fundaron los pueblos y los dominicos arrendaron tierras para extender
el territorio de sus haciendas ganaderas, hechos que sirvieron como
argumentos para que los mulatos e indios de Zanatepec, Niltepec
y Tapanatepec reabrieran el caso legal en los albores del siglo
XIX, con la esperanza de que los nuevos funcionarios borbónicos
les dieran una solución a su favor. En la tesis se abordaron los
motivos legales que expusieron ambas partes para defender la propiedad
y uso de la tierra, los personajes que intervinieron en el pleito
y las resoluciones finales de dicho conflicto.
Los primeros pleitos legales
La falta de un verdadero apeo y deslinde de las
tierras y los intereses particulares por la propiedad y su uso
por parte de la Orden, como de Niltepec, Zanatepec y Tapanatepec,
provocaron al paso de los años un conflicto por la tierra que duró
casi cien años.
Es probable que todas las haciendas ganaderas ubicadas
en los alrededores de los pueblos antes mencionados, pertenecientes
a los dominicos, se hayan fundado durante el siglo XVII en tierras
donadas a la Orden por particulares; al ir aumentado el número de
cabezas de ganado, los frailes pidieron en diversos años el arrendamiento
de tierras. Ante la negativa de la Orden para cumplir con las condiciones
del arrendamiento, los pueblos protestaron y pidieron la restitución
de sus tierras, todo ello de forma legal y pacífica.
En 1762 Zanatepec recibió la primera donación de
tierra que le hizo el convento de San Hipólito; el pueblo carecía
de terrenos para la medición de las 600 varas que por ley le correspondían.
Los frailes hicieron la donación de buena voluntad, pues -según
Francisco de Ríofrio- al pueblo de Zanatepec le había tocado en
la medición de la tierra partes infructuosas. Una segunda donación
la hicieron los frailes en 1785.
El 11 de octubre de 1762, las justicias de Niltepec,
Zanatepec y Tapanatepec llegaron a Guadalcazar, villa de Tehuantepec,
con el fin de hablar con Bartolo Bejarano, Teniente general de dicha
Villa, para que éste conociera y autorizara a Luis Pérez de Lazarra
como representante de dichos pueblos, en el litigio contra fray
Joaquín de Noriega, religioso presbítero del Convento de Santo Domingo
de Oaxaca, Vicario General y Administrador de las haciendas dominicas
y Fray Manuel Castellanos, pues ambos propiciaban "malos tratos
y vejaciones" a los indios y pardos libres, habitantes de
dichos pueblos. También se quejaban del hurto de ganado y caballos
por parte del mayordomo de las haciendas de Dolores y El Carmen,
perteneciente al convento de Santo Domingo de Oaxaca. El apoderado
de los tres pueblos dijo
.. [que] siendo un deleitoso terreno en el que están
fundados los tres pueblos por la mucha abundancia de aguas que producía
en los campos y vegas muchísima porción de platanares con que cuando
tenían algunas necesidades por falta de maíz se alimentaban, hoy
se halla todo eriazo de semejante fruto por que los ganados (de
las haciendas) han arrasado con todo...
La denuncia de los pueblos era contra los administradores
y no contra el convento o la Orden en general. Su petición al alcalde
mayor para la resolución del conflicto eran la no intervención
en el litigio del corregidor de Jalapa del Marqués, por sospechoso3.
También pedían que el curato de Zanatepec se secularizara, se hiciera
efectiva la prohibición a las Ordenes religiosas de poseer bienes
raíces y que los Frailes Joaquín de Noriega y Manuel Castellanos
fueran relevados de sus cargos. Pero no existía un reclamo por tierras
en particular, ni por el uso o propiedad, aunque se hace énfasis
en que la Iglesia no debe tener propiedades, lo que da a entender
que probablemente eran cuantiosas las que poseían en esa zona. La
denuncia de los justicias permite entrever que los terrenos van
quedando infértiles debido a las cabezas de ganado. Seguramente
a ello se debió que parte de la población haya emigrado a comienzos
del siglo XIX hacia los Chimalapas, principalmente aquellos que
se dedicaban a la agricultura, que eran los indígenas, mientras
que los mulatos y ladinos se quedaron en mayor número en Tapanatepec,
Zanatepec y Niltepec, pues el uso principal que hacían de la tierra
era para la ganadería.
En ese mismo año, debido al incumplimiento del contrato
de arrendamiento de tierras y la prohibición de que administradores
y mozos de la hacienda del Carmen no les permitían a los pobladores
de Tapanatepec el corte de colmenas, la pesca en los arroyos y el
pastoreo de sus cabalgaduras en dichos terrenos, se promovió una
demanda de restitución de tierras en 1762, a la que se unieron los
pueblos de Niltepec y Zanatepec por las mismas causas 4.
El conflicto se reinició en 1780, cuando Francisco
de Ríofrio, representante legal de la Orden, argumentó que las
tierras arrendadas desde la primera mitad del sigo XVII no se encontraban
dentro del litigio, por lo que pidió a la audiencia su certificación,
pues los indígenas estaban moviendo las mojoneras hacia esos terrenos
prestados. En ese mismo año el Padre Administrador Víctor Castellanos
Hernández pidió prestadas unas tierras al pueblo de Zanatepec y
para que no se incluyeran dentro del pleito legal se pidió su certificación;
sin embargo los indígenas querían mover sus mojoneras hacia esas
tierras e incluirlas dentro del litigio.
Hacia 1780 se perdieron inexplicablemente documentos
en el archivo de Tehuantepec, los cuales favorecían a los indígenas;
al parecer el alcalde mayor los hizo perdedizos, puesto que éste
mantenía muy buenas relaciones con la Orden. Por dos años no se
llevaron a cabo las diligencias del Superior despacho debido al
"extravio" de los documentos. La acusación de invasión
a los terrenos del Convento no sólo iba dirigida hacia las tres
comunidades, sino también a propietarios particulares, como Baltazar
Vejarano. La demanda de la Orden carecía de fundamentos, según los
acusados, por lo que Vejarano y las comunidades respondieron separadamente
a la demanda, argumentando que era un asunto ilegal y sin pruebas.
Parece que no hubo ninguna resolución a la demanda
en ese momento; probablemente los pueblos carecieron del suficiente
dinero para seguir el litigio. En 1783, los pueblos decidieron reabrir
el caso y mandaron a la ciudad de México un documento que comenzaba
de la siguiente manera:
En la ciudad de México, a catorce de febrero de
1783, los señores Presidente, Regente y Oidores de la Audiencia
de la Nueva España... dieron relación del caso siguiente: El regente
del Tribunal, Vicente de Herrera, a su regreso de la Real audiencia
de Guatemala, pasó por Tehuantepec. Allí se le presentaron los naturales
de Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec quejándose los
primeros de las tropelias y pensiones a que estaban sujetos por
el padre administrador Fray Ignacio Sandoval, quienes dejaron de
dar la contribución anual a dicho pueblo por el arrendamiento de
la hacienda Nuestra Señora del Carmen, que aseguraban los naturales
de Zanatepec que eran suyas y de las cuales no podían hacer uso.
Los de Tapanatepec se quejaron por los daños y perjuicios que sufrían
por los administradores de las haciendas pertenecientes a la Provincia
de San Hipólito Mártir de Oaxaca, quienes habían invadido un sitio
nombrado Santa Veracruz, propiedad de Zanatepec, prohibiéndoles
el libre uso de ellas. Además el fraile administrador les advirtió
que si sembraban en esas tierras, pescaban en los ríos o recolectaban
miel silvestre debían pagar un diezmo. También les prohibió que
las cabalgaduras pastaran en esas tierras. Para dejar constancia
de que todo lo anterior era cierto, los pueblos enseñaron papeles
firmados por la Orden5.
El rey respondió a tal demanda con un Auto fechado
el 14 de febrero de 1783, con el que se reabrió el pleito legal,
pues "...hasta entonces no se había presentado los indios a
juez alguno, ni habían pensado jamás sino en vivir contentos con
las tierras correspondientes que poseía". La corona, con tantos
litigios que le mandaban de todas las posesiones ultramarinas, probablemente
no tuviera presente ese pleito por tierras, pues las comunidades
habían hecho demandas desde años atrás, pero prefirieron abrir el
caso sin que existieran antecedentes legales, probablemente porque
los litigios anteriores fueron resueltos a favor de la Provincia
de San Hipólito. Sin embargo, los funcionarios y administradores
de las haciendas dominicas no olvidaron los anteriores litigios,
y el reabrir el caso por parte de las comunidades sin mencionar
antecedentes sirvió como un argumento en su contra diez y siete
años después.
En ese mismo año, la Audiencia, Cancillería y Oidores
mandaron que se hiciera de conocimiento legal al Alcalde Mayor de
Tehuantepec de la situación de esos tres pueblos que competían a
su jurisdicción, con el fin de que les fuera administrada justicia,
se les reintegraran las tierras correspondientes y se impidiera
que los administradores prohibieran el uso de los pastos y pesca,
"...que deben gozar por todos los derechos...."
1 Para contactar: areca@infosel.net.mx
2 Miguel Ramis Liljeult. Monografía
del pueblo de San Pedro Tapanatepec. Estado de Oaxaca. México.
Edición del Autor. 1987. p. 24.
3 Es probable que existieran intereses
en común entre los frailes y el corregidor, pues el traslado de
la merced de tierra mencionado en el segundo apartado de este capítulo
fue expedido en Xalapa del Estado del Marqués.
4 Miguel Ramis Liljeult. Monografía
del pueblo de San Pedro Tapanatepec. Estado de Oaxaca. México.
Op.cit. p. 23.
5 Año de 1800. Superior Despacho
de su Alteza, su Señoría de la Real audiencia y Chancillería de
la Corte de México, y diligencias en su virtud practicadas, con
que da cuenta el Subdelegado y Justicia mayor de dicha Jurisdicción,
sobre la Administración de Justicia a los naturales de los pueblos
de Sanatepeque y Tapanatepeque, en razón de las quejas de despojo
de tierras por parte de la Provincia de San Ypólito Orden de Santo
Domingo de Oaxaca. Cuaderno Núm.3. [pp.3-4]. AGN. Ramo de Tierras.
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